Elecciones 2012

Acusan al alcalde de Vega Alta de violar la Ley de Ética Gubernamental

Por Rebecca Banuchi/rebecca.banuchi@gfrmedia.com, 15/07/2012 - 6:49pm

Por entender que violó la Ley de Ética Gubernamental al utilizar los servicios de un contratista municipal para labores políticas, el candidato popular a la alcaldía de Vega Alta, Javier García Cabán, referirá al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) al alcalde incumbente Isabelo “Chabelo” Molina.

García Cabán someterá el martes ante ambas agencias sendas declaraciones juradas en las que detalla que el alcalde novoprogresista supuestamente utilizó al contratista Ángel Otero para hacer mejoras al comité político ubicado en el barrio Breñas de Vega Alta.

Molina rechazó de inmediato las imputaciones, aunque no pudo explicar por qué un camión de Otero estaba estacionado el 21 de junio frente a su comité, justo el día en el que algunos obreros realizaban mejoras a la instalación.

Según García Cabán, tras ser alertado mediante una llamada telefónica, acudió al lugar ese día, y sorprendió a Otero junto a algunos trabajadores pintando el edificio, cambiando puertas y ventanas y rellenando parte del terreno.

Relató que, al ser confrontado por él, Otero huyó del predio, y el candidato popular entonces retrató a los empleados laborando y un vehículo alegadamente registrado a nombre del contratista.

El también exrepresentante popular afirmó que el alcalde vegalteño violó el Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, que establece que un funcionario no puede solicitar ni aceptar beneficios de un contratista o de una entidad reglamentada por su agencia para una actividad política.

“El alcalde de Vega Alta y el señor Otero, con total conocimiento de la Ley (de Ética) y su reglamento, han optado por ignorar sus deberes y llevar acciones antiéticas con el único propósito de salir victorioso en las próximas elecciones”, dijo García Cabán en la declaración jurada.

Por su acción, según el exlegislador, Molina se expone a una pena de reclusión de tres años y una multa de $5,000.

García Cabán señaló que Otero, por su parte, violentó el Código de Ética para Contratistas, Suplidores y Solicitantes de Incentivos Económicos de las Agencias Ejecutivas.

“Esta actuación temeraria por parte del alcalde de Vega Alta y el señor Otero, a sabiendas de lo indicado en el Reglamento de Ética Gubernamental, en la Ley de Ética Gubernamental y del Código de Ética de Contratistas deben ser sancionadas por la Oficina de Ética Gubernamental”, añade en la declaración.

Mientras, Molina negó haber contratado a Otero para los trabajos en su comité, pero reconoció que el contratista brinda servicios al municipio hace años. El alcalde no pudo explicar la presencia del vehículo, y dijo que es posible que algunos de los obreros que contrató laboren con Otero en algunas instancias.

“Yo he contratado a una persona para hacer un trabajo, y le he pagado con un cheque del comité a personas particulares, a obreros particulares. Es posible que en alguna ocasión (los obreros) hayan trabajado con Ángel Otero, es una posibilidad porque son obreros que están disponibles para trabajar con cualquiera”, afirmó.

“Éste señor (García Cabán), que es un señor irresponsable y violento, se pasa detrás de nosotros retratándonos donde quiera para hacer querellas frívolas e infundadas”, añadió el ejecutivo municipal.

García Cabán también imputó a Molina haber utilizado indebidamente una cuenta residencial para proveer electricidad a otro comité político en el barrio Maricao de ese municipio.

De acuerdo a García Cabán, los contadores del inmueble estaban inoperantes desde agosto de 2008, y el alcalde supuestamente se servía mediante un arrimo de una residencia localizada en la misma parcela.

García Cabán dijo que, tras denunciar la situación la semana pasada, el viernes la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cambió la cuenta del edificio a una comercial, según le dijeron supuestamente empleados de la oficina comercial de ese pueblo.

“La AEE le tiró la toalla”, sostuvo el aspirante del Partido Popular Democrático, al tiempo que pidió explicaciones de la gerencia de la corporación pública.

Molina alegó que la factura de esa propiedad siempre ha sido comercial, pero minutos después reconoció que no puede afirmar con certeza si la cuenta es comercial o residencial, como muestra una copia presentada por su contendiente popular.

“Yo contraté ese servicio hace tres meses y solicité el permiso de uso para un comité, y ese permiso es el que le someto a la AEE, es la AEE el que pone la luz, y es la que factura, y yo pago. En este momento, no sé cómo es la factura”, indicó Molina.

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