Elecciones 2012

Fortaleza niega que donativos a la campaña de Fortuño sean indebidos

Fortaleza niega que donativos a la campaña de Fortuño sean indebidos

El designado secretario de la Gobernación, Miguel Romero, y el director para las APP, David Álvarez, negaron las alegaciones. (José Rodríguez/El Nuevo Día)

Por Rebecca Banuchi/rebecca.banuchi@gfrmedia.com, 09/07/2012 - 6:34pm

Miembros del gabinete de Luis Fortuño rechazaron el lunes que exista algún vínculo político entre el Gobernador y una de las compañías interesadas en el contrato de Alianza Público-Privada (APP) del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM).

El designado secretario de la Gobernación, Miguel Romero, y el director de la Autoridad para las APP (AAPP), David Álvarez, negaron los señalamientos que hizo el representante popular Charlie Hernández en el sentido de que la campaña a la reelección de Fortuño había recibido donativos de cabilderos de una de las empresas que se disputa el contrato de APP.

El legislador dijo que, según informes de prensa, en febrero pasado Fortuño celebró una actividad de recaudación de fondos en el bufete McGuire-Woods, que presuntamente tiene entre sus clientes a Macquarie Holdings USA, subsidiaria de Macquarie Group, al igual que la proponente de la APP Macquarie Infrastructure and Real Assets.

“No había proponentes de la APP en esa actividad”, dijo enfático Romero durante una rueda de prensa en La Fortaleza.

Sin embargo, no pudo descartar por completo que alguna subsidiaria o entidad relacionada con la proponente pudiera haber participado en el evento político.

“Las personas, según establece nuestro marco legal, pueden llevar a cabo donaciones, tal y como establece la ley electoral”, indicó Romero.

“Nosotros no podemos certificar alguien que tenga negocios con el Gobierno o alguien que tenga negocios con alguna entidad privada que, a su vez, tenga algún tipo de relación con el gobierno. Lo que sí nosotros podemos garantizar y ser claros con eso, que es lo que está tratando de minar esta persona (Hernández)… es que… este proceso se ha llevado con transparencia, donde no hay elementos políticos de clase alguna envueltos”, añadió.

El también secretario del Trabajo y Recursos Humanos destacó que la ley que fijó en el 2009 el marco jurídico que rige las APP estableció seis criterios a considerar, que incluye que las compañías proponentes cumplan con todos los estatutos y no enfrenten ningún tipo de reclamación legal, que tengan una reputación y trayectoria probada, que presenten un plan operacional para mejorar el aeropuerto, y una estrategia financiera para hacer las inversiones en esa instalación.

Además, las compañías que aspiren a recibir el contrato tendrán que presentar un plan para incrementar el número de pasajeros y de aerolíneas que operan en el AILMM y una oferta económica que satisfaga al Gobierno.

Álvarez, por su parte, dijo específicamente que ningún representa nte de Macquarie Infrastructure and Real Assets estuvo en el lugar, e insistió que ningún bufete podía hacer contribuciones políticas a nombre de un cliente. Tras esa afirmación, reconoció que no le consta que la empresa proponente figura entre los clientes de McGuire-Woods.

El titular de la AAPP dijo que este mes el consorcio compuesto por Ferrovial Aeropuertos y Macquarie Infrastructure and Real Assets y el que integran Aeropuertos del Sureste (ASUR) y Highstar Capital deben someter sus respectivas propuestas.

Culminado ese paso, el Gobierno las evaluará, y una vez seleccione la ganadora de la concesión, someterá su determinación al escrutinio de la Administración Federal de Aviación, que deberá avalar la transacción.

Al recordar denuncias previas respecto a supuestos trabajos de asesoría al Gobierno por parte de subsidiarias de los proponentes, el representante Hernández indicó que las negociaciones para la concesión del AILMM han estado plagadas “de contrastes, de conflictos, de controversias”.

“Si esta administración quiere privatizar nuestro único aeropuerto internacional de esa magnitud, que maneja el 92% de la carga y los pasajeros de Puerto Rico, lo menos que le pedimos es que lo hagan de conformidad con los principios más estrictos de pulcritud gubernamental y de pureza en la negociación”, sostuvo el legislador.

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