Para realizar esa evaluación, es necesario que el elector se distancie de la publicidad partidista y se concentre en el historial y las experiencias de los aspirantes, explicó la directora ejecutiva de Agenda Ciudadana, Inc., María de Lourdes Lara.

“Candidatos que asumen unas posturas morales o ideológicas que están declarando que van a discriminar con otros sectores o grupos si ganan las elecciones, no son buenos candidatos porque están atentando contra lo que debe ser el baluarte más importante, que es un proyecto político democrático, y en las democracias debe haber espacio para que todos los ciudadanos puedan ejercer su vida, trabajo, relaciones humanas y vecinales con la misma calidad que el resto”, expresó Lara.

De igual forma, señaló que es necesario que el elector cambie su modelo mental existente sobre qué es un buen candidato. “Hay buenísimos ciudadanos y líderes dentro de los diferentes partidos políticos, que si la ciudadanía escogiera lo mejor que tienen los partidos para dirigir los destinos del país, quizá Puerto Rico sería una cosa muy diferente, políticamente hablando”, reiteró Lara.

Pero según el doctor David Pérez, expresidente de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, lo primordial es que los electores asuman la responsabilidad de fiscalizar e indagar sobre las propuestas de cada candidato. “Pienso que la gente no tiene criterios para tomar una decisión. Yo no veo que, en las primarias, los candidatos digan qué van a aportar al país, y creo que el elector debe exigir que esos candidatos que estarán en la papeleta de su partido digan qué medidas adoptarán si llegan al poder”, expresó el investigador del Instituto de Investigación Psicológica de la Universidad de Puerto Rico.

El reconocimiento

Pérez indicó, además, que debido a que se trata de un proceso interno partidista, siempre influye el “factor reconocimiento, que beneficia a los incumbentes, independientemente de si estos son la mejor opción”.
“Hay un gran sector, que se llama el corazón del rollo de los partidos principales. Hay un gran sector que no le importa lo que proponga el candidato, y votan por lo primero que les aparezca, y tienden a votar por lo que ya conocen. La mayoría de las personas que van a las primarias son esas personas”, dijo.

“Los electores se pueden mover a tener más cuidado por quién van a votar, pero ciertamente la gente que va a ese evento ha sido un sector que no invierte mucho tiempo en estudiar los candidatos. Es muy fanatizado”, agregó Pérez.

Por su parte, la directora del Instituto de Política Educativa para el Desarrollo Comunitario, Nívea Silva Herrera, señaló que la falta de análisis y fiscalización hacia los candidatos primaristas, que luego son electos, le ha costado mucho al país.

“Por años, históricamente, los partidos se han beneficiado de esa pasión que tenemos los puertorriqueños, que no juzgamos más profundamente por quién estamos votando. Y nos ha costado y en este último cuatrienio hemos tenido una variedad de estos personajes. Tenemos que de verdad coger esto muy en serio y saber buscar información, y ahí es donde está el juego”, señaló Silva.

Qué debería conocer a la hora de prestarle a su voto a un aspirante, según expertos

¿Cuáles son sus propuestas?

¿Sus propuestas son viables?

¿Cuál es su trayectoria política y  profesional?

¿Está dispuesto a rendir cuentas sobre sus actos e iniciativas?

¿Fomenta la inclusión y la tolerancia de todos los sectores?

¿Su campaña ha sido de altura o de ataques?

¿Ha visitado las áreas que busca representar y conoce sus problemas?

¿Ha tenido señalamientos negativos previos?

¿Cuál es su preparación académica?

“Contratamos a Pedro Toledo. Quiero hacer un análisis de todo lo que pasó internamente, no solo la cuestión de la Policía, sino cosas internas en la Policía y mejorar la cuestión del servicio y tomar la acción que sea correspondiente”, expresó O’Neill en entrevista por Noti Uno 630.

Una investigación de El Nuevo Día reveló un esquema de fraude en el que participaron una treintena de agentes de la Policía Municipal, jefes de agencia y empleados del municipio para beneficiar a Antonio “Tony” Soto a prevalecer sobre el legislador Ángel Pérez en la contienda por la candidatura a representante por el Distrito 6.

“Toledo está trabajando con eso”, reiteró.

A pesar de que la investigación que realizó un comité nombrado por el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Héctor Conty Pérez, reveló un patrón de fraude con transferencias ilegales y falsificación de firmas, Soto fue certificado como el vencedor primarista.

El comité ad hoc señaló a media centena de agentes y funcionarios municipales, pero no apuntó a O’Neill, a Soto ni a Pérez.

Asimismo, el alcalde adelantó que está en negociaciones con un bufete de abogados para que evalúe y actualice los reglamentos de la Policía.

“Estamos pendiente a contratar un abogado, con el que ya hemos tenido conversación, pero no hemos llegado a afianzar, para verificar todos los reglamentos de la Policía, de forma tal que si hay una falla en la cuestión de los r reglamentos, cosas que deben estar en el reglamento, cubrirlo, y en ese aspecto estamos trabajando con un bufete de abogados”, puntualizó O’Neill.

“Estoy sacando todo lo que corresponda  a las recomendaciones que me dio el comité ad hoc, cubrirlo con personas fuera del municipio, de forma tal que se haga de una forma seria, responsable y de la formas más adecuadamente posible”, agregó el ejecutivo municipal.

El nuevo Código Electoral, aprobado tan reciente como el año pasado, no incluyó las transferencias ilegales en la lista de delitos electorales, a pesar de que esa mala práctica es un secreto a voces desde hace años, según dos observadores políticos. La antigua Ley Electoral tampoco tipificaba ese trámite como delito.

“El Código Electoral requiere revisión inmediata. Hay muchas lagunas que han surgido que requiere que se revise y se tome acción para que no suceda lo mismo, o peor, en agosto y noviembre”, dijo el presidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo, en referencia a las fechas de las consultas de enmiendas a la Constitución -para limitar el derecho a la fianza y para reducir el tamaño de la Legislatura- y a las elecciones.

El artículo 12.018 del Código Electoral habla de delitos de inscripción, pero no mencionada nada de transferencias.

Solo dice que “toda persona que voluntariamente se hiciere o dejare inscribir en el Registro General de Electores a sabiendas de que no tiene derecho a tal inscripción y de que la misma está basada en hechos falsos” incurrirá en delito grave de cuarto grado. Es decir, se refiere a las personas que se inscriben por primera vez.

Otro artículo sobre violaciones al ordenamiento electoral, el 12.05, también es vago en cuanto a este tema.

Secreto a voces

“Yo soy uno de los sorprendidos”, expresó ayer el analista político Néstor Duprey cuando se le pidió una reacción a este asunto. En ese sentido, dijo que la Legislatura debe enmendar el Código Electoral a la brevedad posible.

Sostuvo que todo el revuelo que han causado las transferencias ilegales en Guaynabo es algo que siempre se ha hablado, pero desde el terreno de la especulación. “En este caso de Guaynabo, ante la realidad del delito, lo menos que se puede hacer es enmendar el Código lo más rápido que se pueda”, agregó.

Advirtió que en el escenario de unas elecciones cerradas en un distrito senatorial, por ejemplo, un patrón de mudanzas fatulas como el realizado en Guaynabo podría alterar el resultado de una elección. “Un partido bien organizado puede montar un operativo y mover artificialmente a cientos de electores de un distrito en el que gana cómodamente”, expuso Duprey.

Toledo agregó, en entrevista telefónica desde Venezuela, que el Colegio de Abogados se propone estudiar a fondo los cambios que necesita el Código Electoral no solo en el aspecto de las transferencias ilegales, sino en otros asuntos.

En ese sentido, Toledo dijo que el Código Electoral no provee para que grupos como el Colegio de Abogados tengan observadores en la consulta que busca enmendar la Constitución para limitar el derecho a la fianza.

Sostuvo que tan pronto ponga un pie en Puerto Rico le enviará una carta al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Héctor Conty Pérez, para expresarle esa situación.

El Colegio de Abogados se opone a que se limite el derecho a la fianza, por lo que busca velar por los votos a favor del “no” en la consulta.

De otra parte, el oficial examinador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el comité ad hoc que investigó el esquema fraudulento en Guaynabo, Gilberto Concepción Suárez, fue el único que habló anoche en una conferencia de prensa sobre la necesidad de enmendar el Código Electoral.

“Yo personalmente creo que el Código Electoral necesita más de una enmienda y que algunas cosas que se le señalan, con razón a veces, responden a la urgencia con que se aprobó y sin darle el total pensamiento en cuanto a las consecuencias”, expresó.

El abogado pipiolo insistió en que este asunto, que estaba fuera de la jurisdicción del comité ad hoc, debe ser evaluado, para tratar de reparar -hasta donde se ha podido herir- la confianza en el sistema electoral puertorriqueño.

Dijo que el sistema electoral boricua tiene debilidades, pero que la buena noticia es que “a pesar de las críticas que se puedan hacer a veces sin conocimiento, tienen los recursos para evitar que esas fallas lesionen realmente el sistema”.

El informe que rindió anoche el comité ad hoc recomienda enmendar el Código Electoral para aclarar el tema de las transferencias y reactivaciones en ese estatuto.

El comité ad hoc, cuya encomienda fue investigar únicamente el escándalo de mudanzas fatulas en Guaynabo, basó esta recomendación en la prueba directa y circunstancial recopilada de que figuras bien cercanas a O’Neill, Pérez y Soto incurrieron en delitos graves al hacer transferencias de dirección ilegales, según lee el informe.

Se recomienda, por ejemplo, que la ayudante especial de O’Neill en la alcaldía, Karem M. Velázquez, y el subdirector de Recreación y Deportes del municipio, el árbitro internacional Carlos Rey, sean referidos al Departamento de Justicia por los delitos de falsedad ideológica y encubrimiento.

Además, el informe recomienda que dos figuras del equipo electoral de Pérez -la contratista legislativa Norma Miranda Gallardo y su hermana Iris A. Miranda Gallardo- sean referidas a Justicia por delitos de inscripción, falsedad ideológica y conspiración. Ambas hermanas confesaron que hicieron mudanzas fatulas para votar por Pérez.

El esperado informe, con sus múltiples anejos, quedó en manos de la Secretaría de la CEE tarde anoche, para que sea distribuido hoy a los cuatro comisionados electorales y al presidente de la CEE, Héctor Conty. Los comisionados electorales se reunirán a las 10:00 a.m. para analizar el documento y decidir si lo hacen público.

Tal y como adelantó El Nuevo Día ayer, el informe le imputa negligencia a O’Neill y hace recomendaciones de referidos al Departamento de Justicia, a la CEE y a la Asamblea Legislativa. Los referidos a Justicia incluyen, además de los empleados de O’Neill, al comisionado de Seguridad Municipal, coronel Ángel Venegas González, y a los policías municipales que hicieron transferencias ilegales y que guardaron silencio sobre ese particular ante el comité ad hoc.

Se les imputan diferentes delitos que incluyen falsedad ideológica, encubrimiento, conspiración, violaciones al ordenamiento electoral y perjurio.

Aprobación unánime

La presidenta del comité ad hoc que investigó el fraude, la exjueza Carmen Ana Pesante, destacó que los oficiales examinadores de los cuatro partidos en el comité aprobaron el informe por unanimidad. Todos se mostraron esperanzados de que el pleno de la CEE acoja sus recomendaciones.

Cuando se les preguntó a los miembros del comité si confían en que Justicia acogería las recomendaciones del informe, los oficiales examinadores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y del Movimiento Unión Soberanista (MUS), Gilberto Concepción Suárez y José Ramón Ríos, destacaron que el papel de los periodistas será vital.

“Yo tengo la certeza de que si los periodistas hacen las presiones adecuadas el Departamento de Justicia no tendrá otra alternativa que investigar”, manifestó Concepción Suárez.

Cuando el informe sea público, “el pueblo se va a nutrir no solo de los hallazgos, sino de las recomendaciones que hay”, dijo el oficial examinador del Partido Popular Democrático (PPD), Fernando Torres Ramírez.

Por su parte, el comisionado electoral popular Eder Ortiz adelantó ayer que su intención es acoger todas las recomendaciones del informe. Apostó a que el documento será acogido por unanimidad en el pleno de la CEE.

Ortiz agregó que el informe puede tener información de gran interés para las autoridades federales, dado que aquí se celebró la primaria republicana el 18 de marzo, y para la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
Anoche no fue posible obtener una reacción de Conty.

Según ha trascendido, decenas de empleados y policías del municipio de Guaynabo hicieron transferencias ilegales para poder votar en las primarias en las que se disputaban la candidatura a representante por el distrito 6 el representante Ángel Pérez y el presidente de la Asamblea Municipal de Guaynabo, Antonio Soto.

El informe le imputa a esos empleados y policías municipales delitos, entre otros, como falsedad ideológica, encubrimiento, conspiración, perjurio y violaciones al ordenamiento electoral.

El informe del comité ad hoc recomienda que Justicia investigue y procese a los que cometieron estos delitos. El informe contiene también recomendaciones para la CEE y para la Asamblea Legislativa.
Pero es al Departamento de Justicia al que le cae el mayor peso, pues muchos de los delitos que se presume cometieron funcionarios de alto, mediano y bajo nivel en el municipio de Guaynabo son graves.
Somoza indicó que ayer que referirá el informe a la División de Integridad Pública, dirigida por la fiscal Maricarmen Rodríguez Barea, quien ha estado bajo fuego por la percepción de que la agencia actúa con celeridad contra imputados del Partido Popular Democrático (PPD), mientras arrastra los pies contra figuras vinculadas al PNP.

“Vamos a hacer un plan de trabajo y evaluar toda la evidencia que nos llegue”, dijo Somoza, quien no precisó en cuánto tiempo se podría esperar un resultado de la pesquisa.  El Nuevo Día preguntó a Somoza si existe la posibilidad de que la pesquisa se amplíe a figuras no incluidas en el informe del comité y respondió: “A base de lo que surja del referido y como la investigación vaya creciendo, no se escatima”.

Aunque Somoza indicó que le es “indiferente” la afiliación política de las personas a las que investiga, la realidad es que la agencia ha sido mucho más asertiva procesando figuras vinculadas al PPD que al PNP.

Mal augurio en Justicia

Por ejemplo, muchos cuestionan el toallazo que dio Justicia a la senadora Evelyn Vázquez a quien se le imputó aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos por haber usado sus influencias para beneficiar al Carnaval Feria de Turismo de Puerto Rico, un negocio privado de su compañero sentimental, el exasesor senatorial Peter Muller.

Además, se le imputó cobrar dietas ilegalmente. Justicia cerró la pesquisa en un abrir y cerrar de ojos sin haber entrevistado a testigos esenciales.

Justicia también ha arrastrado los pies en la pesquisa sobre la querella que el Colegio de Ingenieros y Agrimensores presentó contra el senador Roger Iglesias por haber firmado documentos como si fuera ingeniero, y sobre las múltiples irregularidades en los trámites de sus casas cometidas por el representante José Luis Rivera Guerra.

Al mismo tiempo, ha hecho varios referidos al Fiscal Especial Independiente (FEI) contra funcionarios vinculados al PPD que participaron del Programa de Comunidades Especiales, incluida la exdirectora ejecutiva de esa agencia, la profesora Linda Colón.

Salvo Somoza, los ejecutivos de los otros organismos llamados a tomar acción sobre los hallazgos del comité ad hoc guardaron silencio ayer, en espera de examinar el voluminoso informe en el que se relatan los hallazgos.

El gobernador y presidente del PNP, Luis Fortuño, quien tiene autoridad sobre el tema por haberse producido las irregularidades en una primaria interna de su partido, rehusó precisar si tomará acción sobre las recomendaciones del comité ad hoc .

“No nos ha llegado el informe”, indicó el gobernador, quien ha dicho en ocasiones que hará referidos a Justicia si fuese necesario.

Silencioso el alcalde

El alcalde O’Neill, con poder para investigar y ordenar su administración municipal, tampoco hizo expresiones ayer sobre este candente tema. El Nuevo Día fue hasta la alcaldía para conocer su reacción, pero su oficial de prensa, Sylvia Rivera, aseguró que no estaba en su oficina, y que no haría expresiones hasta que se discuta el informe y culmine toda investigación.

Los presidentes legislativos, a quienes el comité ad hoc recomienda enmendar la Ley Electoral para atajar este tipo de fraude, mantuvieron ayer silencio.

El comité ad hoc recomendó a la asamblea legislativa enmendar el nuevo Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo 21 para tipificar como delito las transferencias de direcciones falsas. El comité solo dispone penalidades para quienes se inscriban dando información falsa, no para quienes hagan transferencias fatulas, como pasó aquí.

Soto, protegido de O’Neill y de quien se estima que fue el mayor beneficiado de las transferencias ilegales, guardó silencio, a pesar de múltiples gestiones para obtener su reacción.

En cambio, el representante Pérez favoreció que se amplíe la pesquisa. Dijo que está tranquilo y, contrario a los hallazgos del comité que han trascendido, aseguró que no tiene nada que ver con el fraude electoral.

“Estoy de acuerdo en que hagan todas las investigaciones. Yo sé que al final del camino se percatarán de que hubo conspiración porque empleadas del municipio realizaron este tipo de transacción para votar en contra mía”, sostuvo.

Pérez, sin embargo, se manifestó opuesto a que se le descalifique tanto a él como a Soto.

Las otras dos instituciones llamadas a tomar acción son la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y la Asamblea Legislativa, según el informe que presentará a las 6:00 p.m de hoy el comité ad hoc que investigó el fraude primarista, supo anoche El Nuevo Día.

El documento también le imputa negligencia al alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, por no ordenar una pesquisa de los policías y empleados municipales vinculados al esquema fraudulento desde que este diario destapó el escándalo el 1 de mayo, trascendió.

En manos de Justicia recaerá la responsabilidad de investigar y procesar criminalmente a todos los implicados en las irregularidades por delitos que van desde falsedad ideológica, encubrimiento, conspiración y perjurio hasta violaciones al ordenamiento electoral, si el pleno de la CEE acoge el informe.

En ese sentido, se recomendará a la CEE que todos los policías y empleados municipales que fueron citados a comparecer ante el comité ad hoc por hacer mudanzas fatulas deben ser referidos a Justicia por el delito de falsedad ideológica, al mentir a la CEE sobre su lugar de residencia para votar por el aspirante Antonio “Tony” Soto.

Igual suerte correrá un directivo del Consorcio Municipal de Guaynabo, identificado como Raúl San Inocencio Vázquez, quien se escondió para no ser emplazado por la CEE, según reportes recibidos por el comité ad hoc.

Por ese mismo delito de falsedad ideológica, el informe recomienda que se investigue y procese a Norma Miranda Gallardo, ayudante de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González, y a su hermana Iris A. Miranda Gallardo. Ambas confesaron haber realizado transferencias ilegales de residencia, pero para votar por el representante Ángel Pérez.

Falsedad ideológica

El Código Penal establece que “toda persona que con intención de defraudar haga en un documento público o privado declaraciones falsas concernientes a un hecho del cual el documento da fe y, cuando se trate de un documento privado, tenga efectos jurídicos en perjuicio de otra persona” incurrirá en el delito de falsedad ideológica, la cual está tipificada como un delito grave de cuarto grado que conlleva pena de cárcel.
El jefe de la Policía Municipal de Guaynabo, coronel Ángel Venegas González, y el segundo en mando de ese cuerpo serían también investigados por el delito de encubrimiento.

En aquellos casos en que dos o más policías informaron falsamente a la CEE que vivían en una misma residencia, el informe recomienda que Justicia los investigue por conspiración. Ese es el caso de Martínez y de la teniente Zuleyka León, quienes mintieron al informar que vivían en una misma dirección, en la urbanización Ponce de León de Guaynabo.

El informe recomienda, además, que Justicia investigue a las demás personas que Pérez menciona en su querella por presuntamente hacer transferencias ilegales y que no fueron citadas por el comité ad hoc.
Asimismo, hubo varios casos de testimonios contradictorios, por lo que Justicia deberá determinar si alguno de los testigos incurrió en perjurio. Venegas González, por ejemplo, negó bajo juramento que el alcalde O’Neill le hubiera pedido el 2 de mayo un informe de los policías implicados en el fraude. O’Neill presentó esa carta al comité ad hoc.

Otros testimonios contradictorios fueron los del sargento Leonardo Santos Cruz, quien no participó del escándalo, y el del teniente Rafael Rodríguez. Santos Cruz dijo al comité ad hoc que Rodríguez le confesó que se sentía mal por los acercamientos que recibió para participar en el fraude, pero este último lo negó, dijo una fuente.

Cuando el pleno de la CEE analice el informe tiene la facultad de recomendar referidos adicionales a los sugeridos por el comité ad hoc, basado en los hallazgos de la investigación.

Fuera del ámbito criminal, el informe también recomienda que la CEE amplíe la investigación para determinar si las empleadas de las oficinas de la Junta de Inscripción Permanente (JIP) que atendieron a los policías y empleados municipales que hicieron mudanzas fatulas incurrieron en irregularidades.

También se recomienda investigar si las empleadas de la JIP recibieron una supervisión adecuada. Por último, el informe sugiere una reestructuración de la operación completa de la JIP.

Otro señalamiento del informe implicaría un referido a la Legislatura para que enmiende el Código Electoral de Puerto Rico para el siglo XXI. Específicamente, se recomienda revisar el artículo 12.018, que establece que inscribirse con datos falsos es un delito grave. El problema es que ese artículo no habla de transferencias de dirección ilegales, por lo que no aplicaría al caso de Guaynabo.

Lupa a Pérez y Soto

Los miembros del comité ad hoc llegaron a debatir si hacían una recomendación al PNP para que inhabilitara a Pérez y a Soto como candidatos para darle paso a una tercera opción. En caso de que hubiera más de un candidato disponible para la candidatura a representante por el distrito 6, el PNP debía realizar una primara costeada con su fondos privados.

Pero, en ánimo de aprobar un informe de consenso, los proponentes de la recomendación accedieron a modificarla. Finalmente, se recomendó que la CEE investigue si las figuras cercanas a Pérez y Soto vinculadas directamente con el fraude mancharon a ambos aspirantes.

De ser así, la CEE deberá pronunciarse en torno a las cualificaciones de Pérez y Soto para ser candidatos.

Sobre este escándalo, el gobernador Luis Fortuño alegó ayer -tras la inauguración de una fábrica en Añasco- que no titubeará para actuar legalmente contra cualquiera que haya cometido fraude electoral.
No obstante, Fortuño evitó aludir a O’Neill. “Sería incorrecto de mi parte asumir que van a implicar a una persona o a otra. No importa a quién afecten los hallazgos, sea del liderato de mi partido, del distrito 6 o del liderato del PPD en Villalba… no importa si sea en una o en otra, yo voy a referirlos al Departamento de Justicia”, sostuvo el primer ejecutivo.

“Hay que esperar que la CEE termine sus hallazgos y a base de los hallazgos no me tomará ni un minuto hacer el referido al Departamento de Justicia. Sea quien sea”, agregó el gobernador.

“Yo entiendo que sí… Yo estoy convencida de eso. No desde ahora, (él) lo venía planificando desde hace tiempo”, dijo la líder estadista, quien afirmó que el alcalde de Guaynabo “fue por todas”, porque sabía que su candidato, Antonio Soto, no ganaba si no tomaba “medidas”.

O’Neill declaró el miércoles ante el comité ad hoc de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que él no tenía información sobre el supuesto complot que se habría urdido para favorecer a Antonio Soto en la primaria contra Ángel Pérez. “Él tiene que haber sabido lo que iba a pasar. Él mismo estuvo llevando gente a inscribirse ese día”, dijo la legisladora, indignada también porque el día de la primaria un elector “fue al tribunal a ponerle una denuncia a O’Neill y no se la aceptaron”.

“Eso, eso es lo más peligroso de todo esto: que la justicia no actúe de la misma manera con todo el mundo”, sostuvo Rivera, molesta también porque entiende que ni Luis Fortuño, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), ni Alejandro García Padilla, presidente del Partido Popular Democrático (PPD), han actuado correctamente en torno a las irregularidades cometidas en las elecciones de marzo.

Por su parte, el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, dijo ayer que el Departamento no ha actuado todavía en el lío de Guaynabo para “evitar duplicidad de esfuerzos” con la CEE. “No queremos entorpecer ni obstaculizar”, dijo, aunque sentenció que Justicia, una vez culmine la pesquisa de la CEE, actuará “no importa quién sea, venga de donde venga y el padrino que tenga”.

El Secretario subrayó que Justicia ha estado pendiente de la pesquisa de la Comisión, que a solicitud del comité ad hoc se envió a la fiscal Yolanda Ramos para que sirva de enlace entre la agencia y el organismo.
Ramos orienta, según dijo, en temas como el de la inmunidad, la ley y la jurisprudencia aplicable al tema electoral.

El “enlace” en este caso es importante para evitar consecuencias ulteriores sobre la propia pesquisa y los encausamientos que pueda llevar a cabo Justicia sobre el caso.

En cuanto a la querella juramentada que Antonio Soto le presentó a Ángel Pérez el viernes pasado, el Secretario dijo que el martes ya ésta estaba en la División de Integridad Pública, que tiene 90 días para realizar una investigación preliminar, prorrogables a otros 90.

Las hermanas Miranda Gallardo, quienes comparecieron sin abogado, se convirtieron así en las primeras dos personas implicadas en este escándalo que confiesan haber mentido a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) sobre su lugar de residencia. Ambas dijeron que hicieron las transferencias ilegales voluntariamente para apoyar a Pérez, según fuentes.

Aunque a las dos testigos se les advirtió que todo lo que dijeran podría ser utilizado en su contra y que tenían el derecho a invocar la Quinta Enmienda constitucional para no autoincriminarse, ambas insistieron en decir la verdad porque sostuvieron que son “personas honestas”, agregaron las fuentes.

Norma Miranda Gallardo, quien trabaja para la presidenta de la Cámara, Jenniffer González, mintió a la CEE al informar que vivía en una dirección que corresponde a una amiga de su hermana en Guaynabo, cuando en realidad reside en Trujillo Alto.

El caso de su hermana Iris llamó más la atención del comité ad hoc porque ella desconoce de quién es la dirección que reportó como suya a la CEE. La testigo relató que le dieron una dirección en un “papelito azul” para que hiciera la transferencia ilegal y votara por el aspirante Antonio “Tony” Soto. Ella hizo la transferencia con la dirección falsa, pero votó por Pérez.

Otro momento culminante durante los interrogatorios a puerta cerrada que llevó a cabo durante todo el día el comité ad hoc ocurrió durante la comparecencia de la teniente Ingrid Echevarría Colón. En varias ocasiones, esta testigo irrumpió en llanto y se le vio temblar angustiada, trascendió tarde anoche.

Echevarría se negó a contestar preguntas relacionadas con el lugar de residencia de su esposo, quien no vive con ella. Finalmente, la testigo dijo que su esposo reside en Santa Olaya, en Bayamón. El sujeto no habría hecho ninguna transferencia ilegal de residencia.

Ayer también compareció por segunda vez la teniente Zuleyka León, quien la semana pasada se había negado a contestar dónde reside su jefe, el capitán de la Policía Municipal guaynabeña Wilfredo Martínez.
León y Martínez fingieron haberse mudado a una misma dirección, en el número 291 de la calle 20 de la urbanización Ponce de León, en Guaynabo.

Informes preparados por investigadores de la CEE apuntan a que León y Martínez visitan la referida residencia, aunque no residen allí, informaron las fuentes.

Trato preferencial

Con excepción de las tenientes Echevarría y León y del teniente Rafael Rodríguez, los demás testigos que comparecieron ayer recibieron un trato preferencial en la CEE porque se les permitió entrar por la puerta trasera del organismo electoral sin tener que firmar el registro de visitantes. Además, eran escoltados hasta el piso 10, donde se llevaba a cabo el interrogatorio.

Eso provocó que periodistas visitaran el piso 10 para constatar los testigos que habían comparecido. Sin embargo, los periodistas fueron interceptados de forma agresiva por un empleado de seguridad llamado Douglas Marti. En un momento de confusión -en que Marti intentó tapar los lentes de fotoperiodistas dentro de un elevador- se pidió la intervención del presidente de la CEE, Héctor Conty. Pero el empleado dijo desafiante: “Yo no le respondo a Conty, sino al director de seguridad”.

Poco antes, otro empleado de seguridad llamado Balois Cora señaló que la orden de escoltar a testigos por la puerta trasera vino de Conty.
Sin embargo, Conty lo desmintió y dijo que citó al director de seguridad de la CEE, Ernesto William, a su oficina anoche mismo para desautorizarlo. De paso, Conty ordenó una pesquisa interna para identificar quién dijo que él dio la orden sobre los testigos.

William fue el funcionario que la semana pasada prohibió a los periodistas ver el registro de visitantes de la CEE, a pesar de que es un documento público. Conty también lo desautorizó.

Los trabajos del comité ad hoc continúan el lunes, cuando serán interrogados el abogado Raúl San Inocencio Vázquez, un directivo del municipio de Guaynabo que se ha escondido para no ser emplazado, Alexis Franceschi Torres y Sergio A. Rivera Pérez.

Cindymar Villanueva, comisionada electoral de la Pava en Culebra, dijo que el registro electoral a mayo de 2012 tiene 1,669 electores, mientras que el censo de 2010 establece que la población allí es de 1,868 personas. Al restarle los menores de edad que se estima viven en Culebra la cifra de adultos queda en 1,433, es decir, 236 habitantes menos que electores registrados.

“Para nosotros, es un fraude electoral… para nosotros es inmoral”, dijo Iván Solís, candidato a alcalde popular en la isla municipio. Explicó que actualmente están en el proceso de recusar a 132 electores por esta práctica. Señaló que la mayoría proviene de pueblos dominados por el PNP, como Guaynabo, Fajardo y San Juan.

“Tenemos una cantidad de electores que no están domiciliados en Culebra, pero sí están registrados para votar en Culebra. Eso es ilegal. ¿Cómo tú vas a decir que vives en un lugar si tú no participas, no resides en este municipio? Si quieres visitar Culebra, fantástico, están bienvenidos, pero no puedes tomar una decisión electoral en el pueblo”, reclamó Solís.

Señaló que la nueva Ley Electoral flexibiliza los requisitos de domicilio, pero aún prevalece que la persona debe votar donde tiene la intención de permanecer. Afirmó que el PNP incurre en esta práctica para “importar electores” desde bastiones de la Palma a municipios pequeños donde las elecciones se deciden por pocos votos.

En el caso de Culebra, el PNP ganó las elecciones generales pasadas por solo 165 votos.

Soto instó a que entidades como el Colegio de Abogados y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) vayan a Culebra en calidad de observadores para evitar este supuesto fraude electoral.

Esa expresión fue la constante en las respuestas que ofreció ayer el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, a las preguntas neurálgicas que le hizo por casi cuatro horas el comité ad hoc que investiga el fraude electoral en esa ciudad.

O’Neill, quien daba mil vueltas antes de responder las preguntas, dijo por ejemplo que desconocía que el jefe de su Policía Municipal, el coronel Ángel Venegas González, había hecho un cambio fatulo de dirección como parte del esquema para votar a favor del aspirante Antonio “Tony” Soto, supo este diario.

También dijo desconocer que una de sus ayudantes, Karen Velázquez, y su escolta Ricardo Marrero fingieron haberse mudado a la misma casa, alegando que él no se mete en la vida privada de sus empleados, contó una fuente.

El alcalde fue más allá y dijo que no es el jefe de la Policía Municipal de Guaynabo. Este parte del interrogatorio fue la única que mencionó O’Neill a su salida, ante una pregunta de la prensa.

“En términos procesales, en términos de jerarquía, a nivel del presupuesto, a nivel funcional, no es así”, manifestó O’Neill, al refutar que sea la cabeza de la Policía Municipal guaynabeña.

Terminado el interrogatorio a puerta cerrada, O’Neill aseguró públicamente que nunca invocó la Quinta Enmienda de la Constitución federal para no testificar.

“Creo que contesté todas las preguntas. No me amparé en la Quinta Enmienda y vine sin abogado porque el que no tiene nada que esconder no tiene problema ninguno”, alegó O’Neill, visiblemente cansado. Había trascendido que el funcionario iría acompañado del reconocido abogado criminalista Joaquín Monserrate Matienzo.

O’Neill expresó ante los periodistas que “hay muchas cosas que me cogen de sorpresa”, tras cantarse ajeno a todo lo sucedido. “Yo no sabía ciertamente, ni tengo vinculación alguna con lo que se está hablando”, agregó.

El alcalde había indicado públicamente que no tenía nada que aportar al comité ad hoc, por lo que se le preguntó anoche si luego de su comparecencia de casi cuatro horas había cambiado de opinión. “Yo creo que en términos de lo que ellos querían, les comenté lo que yo entendí y de lo que yo tenía como conocimiento. En ese proceso giró el interrogatorio”, manifestó.

Vestido con un traje gris y corbata rosada, O’Neill llegó ayer a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) al filo de las 2:00 p.m., una hora antes de su cita ante el comité ad hoc, sin emitir comentarios.

Apoyo de Rivera Schatz

Poco después el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, llegaron al piso 10 de la CEE, donde se celebran los interrogatorios del comité ad hoc a puerta cerrada, y permanecieron allí hasta que finalizó el proceso.

Rivera Schatz y Vega Borges entraron por una puerta trasera de la CEE, pero el elevador que utilizaron abrió sus puertas en el vestíbulo del edificio, por lo que fueron divisados por la prensa.

El Nuevo Día supo que O’Neill también fue cuestionado durante el interrogatorio sobre sus funciones gerenciales en la alcaldía y sobre las acciones que habría tomado con los empleados y policías municipales señalados en el fraude. En ese sentido, el funcionario admitió que no ha iniciado ninguna investigación alegando que está a la espera de que el comité ad hoc termine su pesquisa.

“No quisiera entrar en detalles porque recuerda que ese comité tiene que hacer un informe basado en lo que se dijo. Todavía ellos no han terminado y por deferencia precisamente a las personas que están citando, pues yo creo que no debo de hablar”, expresó O’Neill a preguntas de periodistas sobre el contenido del interrogatorio.

Según fuentes de este diario, mucha de la información ofrecida por O’Neill es incompatible con evidencia y documentación en poder del comité ad hoc. Parte de ésta ha sido recopilada por investigadores de la CEE que brindan servicio al comité.

Visita a Conty

Al finalizar el interrogatorio, O’Neill pasó de inmediato a la oficina del presidente de la CEE, Héctor Conty Pérez, donde permaneció cerca de media hora, y luego atendió a la prensa en compañía de Vega Borges en el vestíbulo de la CEE.

Conty es uno de los funcionarios que tendría que decidir eventualmente sobre el informe con recomendaciones que hará el comité ad hoc, si no hubiera consenso de los comisionados electorales.

Rivera Schatz no salió del edificio por el vestíbulo principal, sino por el segundo piso. Pero Vega Borges acompañó a O’Neill hasta la salida y dio su respaldo incondicional al alcalde guaynabeño.

“Siempre he acompañado a mi amigo. Creo en la integridad del alcalde y sabía específicamente que venía a declarar sobre la verdad de todos los procedimientos”, dijo Vega Borges.

Cuando se le preguntó si no consideraba su visita como una presión indebida, contestó: “No fíjate, no entendemos eso”.

Cofradía de silencio

El comité ad hoc también interrogó anoche a tres empleadas de la Junta de Inscripción Permanente (JIP) de Guaynabo. Estas son Ada R. Velázquez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Diana Rodríguez Torres, del Partido Nuevo Progresista (PNP); y Erica Montañez León, del Partido Popular Democrático (PPD). Pero las testigos no aportaron información clave pues alegan no haber visto nada.

“Son como una cofradía”, dijo una fuente, quien no duda que una de las recomendaciones del comité ad hoc busque hacer cambios sustanciales al funcionamiento de las JIP.

El comité ad hoc, que preside la exjueza de apelaciones Carmen Ana Pesante, se encuentra en la etapa final de su investigación. Se espera que el comité ad hoc rinda un informe final con recomendaciones antes del próximo miércoles.

Las recomendaciones del comité ad hoc pueden incluir referidos al Departamento de Justicia y sanciones administrativas, entre un abanico de posibilidades que no ha sido precisado.